Por María José Fermi
¿Somos los peruanos masoquistas? ¿Nos acordamos de las masivas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el gobierno del, nuevamente elegido, presidente Alan García? Durante su mandato, respondiendo a los crecientes actos subversivos que se daban en el Perú por parte de los terroristas, el gobierno tomó diversos actos de represión militar. Estos desencadenaron masacres sangrientas e injustas acabando con la vida de cientos de personas como en el caso de la matanza en los penales.
En el gobierno de García, durante los años 1985 a 1990, el terrorismo en el Perú se fue extendiendo, de manera rápida, desde la sierra central hacía el resto del país. Miles de personas habían muerto bajo las manos del grupo subversivo Sendero Luminoso, presidido por Abimael Guzmán. Las cárceles peruanas se encontraban abarrotadas de prisioneros, en su mayoría terroristas, que agitaban la situación constantemente, debido a la mala condición de vida en los penales y al lento caminar del Poder Judicial. Es así como el 18 de junio de 1986 ocurrió un levantamiento masivo de los senderistas presos en tres de los más importantes centros penitenciarios de la capital: El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Estos tomaron el control de las cárceles al capturar como rehenes a los policias encargados de la seguridad de las mismas. Su exigencia al gobierno: la liberación de, aproximadamente, 500 presos por terrorismo. El gobierno, apoyándose en la Marina de Guerra y en la Guardia Republicana, encabezó operaciones para retomar el control de las instalaciones. Es aquí el comienzo del problema.
Luego de que, gracias al uso de basucas, cargas de dinamita y morteros (además del armamento tradicional), las fuerzas del orden controlaron la situación, los terroristas que habían sobrevivido al enfrentamiento fueron fusilados, uno por uno, de un tiro en la nuca. Estas muertes extrajudiciales trataron de ser encubiertas diciendo que, en el caso del penal de Lurigancho, absolutamente todos los presos habían muerto durante el combate. Asimismo, en el caso del Frontón, los restos de los internos fallecidos fueron enterrados en distintos cementerios de Lima para que, así, no pudieran ser reconocidos por sus familiares. Con el paso del tiempo, los procesos judiciales que se abrieron en contra del presidente Alan García y los demás participantes fueron cancelados, dejando a los principales responsables sin castigo.
Ahora bien, ¿nuestro nuevo presidente, el Sr. Alan García, está capacitado moralmente para gobernar al Perú? ¿Cómo es posible que una persona acusada de la violación de los derechos humanos y matanza de más de 250 personas sea elegida, nuevamente, presidente? Quizás se puede culpar a la amnesia característica de la mayoría de peruanos o al masoquismo perpetuo que siempre nos ha gustado vivir. El Sr. García debe asumir sus responsabilidades, afrontar las consecuencias de sus decisiones. Por más de que hayan pasado casi 20 años, uno debe ser coherente con sus acciones y responder por las mismas, es lo mínimo que se espera de alguien que está próximo a tomar las riendas del país; que limpie su conciencia. No dejemos que la impunidad política prevalezca sobre la vida de peruanos asesinados, el o los responsables deben ser sancionados para que no se repita. Todavía existe gente que no olvida.
Nota: los datos de este artículo han sido extraídos de la siguiente dirección electrónica:
Asociación Pro Derechos Humanos: http://www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/memoria/index.htm
